Sep, 2021.- Desde hace algún tiempo lo primero que hacen muchos nueviteros al despertarse y lo último al despedir la noche es abrir las redes sociales, algo que se ha convertido en parte de la rutina diaria y que lleva a muchos a la desesperación cuando hay problemas de conectividad.

Y no es de extrañar, pues más de siete millones de cubanos son usuarios de internet, de ellos sobrepasan los cuatro millones de móviles conectados por datos y más de la mitad de la población nacional está presente al menos en una red social, según datos del Ministerio de las Comunicaciones, publicados en el Informe General Global y Digital 2021 sobre las tendencias y estadísticas en el entorno virtual.

Ello advierte el creciente impacto de ese escenario en la vida social, aprovechado en tiempos de pandemia para potenciar estrategias de desarrollo como el teletrabajo o la educación a distancia.

Sin embargo, las redes sociales, sobre todo Facebook y Twitter, también son herramientas en las campañas desestabilizadoras y subversivas gestadas en los últimos tiempos contra la Revolución cubana.

Entonces, defender la soberanía nacional en ese contexto es totalmente comprensible, resultado de lo cual surgió el Decreto-Ley 35 de las Telecomunicaciones, un paquete legal que establece derechos y deberes de los usuarios de los servicios públicos de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.

Entre sus logros cabe destacar que por fin se logra en Cuba una norma legal para regular el uso del espacio digital, marcado en los últimos tiempos por malos procederes como la divulgación de noticias falsas, la incitación a la violencia y el ciberacoso, los que quedan prohibidos y penados por la ley.

Pero ese mismo carácter regulatorio, que aclara que la utilización de los servicios de telecomunicaciones debe ser un instrumento para la defensa de la Revolución, ha despertado desde su publicación en la Gaceta Oficial el 17 de agosto incontables críticas por parte de medios opositores al Estado socialista.

Más censura sobre el ciberespacio, una ley que cercena la libertad de expresión resaltan entre los titulares sensacionalistas que hacen alusión al tema, como si la defensa de los intereses nacionales en internet no fuera un derecho cubano, irrenunciable y soberano.

Lo que temen los enemigos de la Revolución es que el Decreto-ley pone límites al hasta ahora descontrolado e irrespetuoso actuar de algunos descontentos, que se hicieron eco de las campañas subversivas y de odio que llevaron a las manifestaciones del 11 de julio.

La norma nace a partir del cronograma legislativo previsto tras la aprobación de la Constitución en 2019 y no como resultado de los disturbios de ese día, aunque ello, sin dudas, apresuró la publicación de lo aprobado desde el mes de abril en esta materia como medida preventiva.

La propia realidad y el creciente impacto de las redes sociales e internet en la sociedad y su rol significativo para el desarrollo político y económico del país demuestran lo vital de contar con una herramienta jurídica como esta.

Algo importante, y es que el Decreto-Ley 35 no limita la libertad de expresión, un derecho constitucional por demás, sino que esclarece sus límites, pues nadie puede ofender, agredir o perjudicar en cualquier forma a los demás en virtud, supuestamente, de esa libertad.

Los derechos personales terminan cuando comienzan los derechos de nuestros semejantes, algo que no podemos olvidar ni siquiera en el mundo digital.