Caracas, 6 feb.- El desmantelamiento de una red delictiva para la venta ilegal de gas doméstico marcó esta semana las acciones del Gobierno de Venezuela contra manifestaciones de corrupción existentes hoy en instituciones del Estado.
 
Varios gerentes de la empresa de Gas Comunal, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), se dedicaban al cobro de comisiones en dólares para el llenado de las bombonas (cilindros) a las empresas distribuidoras de este combustible.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comentó que las autoridades venían revisando algunas denuncias graves en una rigurosa cadena de investigación.

Maduro confirmó la detención del expresidente de Gas Comunal Pdvsa, Jacob Grey, junto a otros funcionarios involucrados en el decomiso de camiones cisterna, comercialización ilícita y extorsión con la venta en divisas de un producto subsidiado para la población.

El jefe de Estado lamentó la implicación en estos hechos de jóvenes a quienes el Ejecutivo bolivariano dio la responsabilidad de atender ese servicio esencial para las familias, al tiempo que destacó la importancia de combatir el burocratismo y la corrupción en la industria petrolera.

Asimismo, durante una alocución especial el 2 de febrero con motivo del aniversario 22 de la Revolución bolivariana, Maduro denunció la existencia de funcionarios corruptos 'infiltrados' en las empresas y organismos estatales.

En tal sentido, aseveró que una de las vías de desestabilización empleadas contra el país gira en torno a la entrega de sobornos a empleados y directivos de instituciones estratégicas para perjudicar la prestación de servicios públicos.

La cruzada contra el burocratismo y la corrupción debe ser permanente en medio del escenario de guerra multiforme contra Venezuela, producto de las medidas coercitivas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos, subrayó.

A la par de estos acontecimientos, la comisión especial para investigar delitos contra el patrimonio de Venezuela anunció que presentará la semana próxima un informe preliminar ante la Asamblea Nacional (Parlamento).

En declaraciones a los medios, el titular del comité parlamentario, diputado José Brito, precisó que dos fiscales de competencia nacional fueron destinados a investigar los daños causados por el despojo y saqueo de activos por parte de un sector político de la oposición durante la anterior legislatura.

Al respecto, se determinaron hechos punibles que hacen responsable al exdiputado Juan Guaidó de varios cargos de corrupción, usurpación de funciones, delincuencia organizada, intento de magnicidio, entre otros, señaló Brito.

Estimó en más de 30 mil millones el daño causado a la República en activos y recursos financieros bloqueados en el exterior producto de las acciones de ese grupo político, en complicidad con gobiernos de varios países.