La Habana, 7 feb.- Informes de la cadena hotelera Meliá consideraron hoy de inauditas las nuevas maniobras de los Estados Unidos contra el turismo cubano, con afectación particular a esta empresa.

Un mensaje de Meliá agrega este viernes que otra vez el gobierno estadounidense del presidente estadounidense, Donald Trump, asume una postura injerencista contra Cuba y sus socios comerciales.

La nueva medida consiste en la prohibición de la entrada al país norteño del vicepresidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer.

Washington argumentó la acción debido a la presencia de la cadena hotelera española en Cuba. A partir de ahora el blanco de la extraterritorialidad de la política de la Casa Blanca es el directivo español.

Según un comunicado emitido por la propia cadena, el propio Escarrer confirma que recibió hace unos meses, una carta del Departamento de Estado de esa nación norteña, en la que se le informaban una serie de condiciones.

Esas condiciones están relacionadas con la actividad de la empresa en Cuba, y que de no aceptarlas en un plazo de 45 días se le prohibiría la entrada a los Estados Unidos.

Con 38 instalaciones en la nación caribeña, dicha compañía es de las afectadas con la mencionada ley.

A ello se suma el apoyo que recibió Meliá en septiembre pasado, cuando el juzgado de primera instancia de Palma de Mallorca, en España, ordenó archivar la demanda planteada por la familia Sánchez-Hill contra el grupo.

Ese tribunal entendió que no es competente para valorar si la nacionalización acordada por el estado cubano en 1960 fue o no lícita.

Meliá reitera que las condiciones impuestas por el Departamento de Estado norteamericano no resultan asumibles por la compañía, además de que su cumplimiento es contrario a la norma europea, conocida como Estatuto de Bloqueo.

Dicho Estatuto considera que la Ley Helms-Burton infringe los más elementales principios de derecho internacional.

Desde mayo de 2019, cuando Washington decidió poner en vigor el Título III de la Helms-Burton a la fecha, existe una veintena de demandas en curso contra compañías internacionales con inversiones en Cuba.

Hasta el presente las empresas turísticas con intereses en la nación caribeña, trabajan en su defensa jurídica ante posibles reclamaciones tras esa activación, concluye la nota.

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